Cuando llegué a la dirección del ICBF, en agosto de 1998, me encontré con una institución compleja que tenía que atender una multiplicidad de frentes. El profesionalismo de quienes ocupaban en ese momento los cargos de dirección permitió iniciar la gestión sin la necesidad de cambiar a los directivos que ocupaban la secretaría general y las direcciones programáticas, lo que era contrario a la práctica generalizada de cambiar a los cuadros directivos de las organizaciones estatales, la máxima que reza: “cada torero con su cuadrilla” no se aplicó en ese caso. El tiempo me daría la razón: al final de cuatro años muchos de ellos seguían formando parte del equipo de dirección. Ese grupo de profesionales me hizo entender cuán complejo era el Instituto. Supe que tardaría unos meses digiriendo plenamente la organización.
Apenas en diciembre de 98, comencé a articular la urgencia de descentralizar los sistemas de atención a la infancia. Esa propuesta no fue muy bien recibida por el sindicato del Instituto que curiosamente se llama Sinbienestar. A los sindicatos el cambio los aterra a menos que sea su propuesta. Sobrevino el terremoto del eje cafetero que consumió todos los esfuerzos y mucha de mi energía durante los tres primeros meses de 1999.
Finalmente mayo de 1999, Lina Gutiérrez, asesora de la dirección general, quien se ocupaba de apoyar el área de protección, me dijo, “tiene que conocer a Julián Aguirre y a Mabel Moreno, son los que se ocupan del programa de reinserción, son muy pilos”.
¿Programa de qué? Pregunté. «De reinserción», fue la respuesta, «son los que se ocupan de los niños y niñas víctimas de reclutamiento que salen de la guerrilla y de las autodefensas». Aterricé de panza. Yo creía que ese era un tema de las fuerzas armadas; pero no, tenía que ser un tema del ICBF. No se trataba de guerrilleros o paramilitares desmovilizados o hechos prisioneros sino de niños y niñas víctimas del conflicto. Me reuní con Mabel y Julián, hablamos largo y tendido y me sedujeron. Más bien, me hicieron entender que no era por elección sino por obligación constitucional que yo, como director general, tenía que apoyar el programa de desmovilizaciones y coordinar con todas instituciones del Estado, sobre todo las FFAA, para que quedara claro que la desmovilización, la recepción y la reinserción de todos esos niños y niñas eran responsabilidad del ICBF.
Después de esas conversaciones y de varias reuniones posteriores con Julián y Mabel, acordamos darle prioridad y recursos adicionales para estructurar e implementar el programa receptor de niños y niñas ex combatientes que además buscaba activamente su desmovilización. La idea era recibir los niños y las niñas que ya se habían desmovilizado y buscar la desmovilización adicional de la mayor cantidad de menores de edad que fuera posible.
Con apoyo de USAID y de la OIM; se desarrolló un proyecto de casas de paso para niños y niñas desmovilizados. Ya no se quedaban en las guarniciones militares en donde eran re victimizados, ni se les ubicaba en instituciones de protección para menores en situación de abandono, y de ninguna manera en centros de rehabilitación para menores infractores. Un grupo de psicólogos y trabajadores sociales, apoyados por la secretaría de educación de Cundinamarca, por la dirección de infancia del Ministerio de Cultura, guiados por UNICEF , desarrolló los manuales y protocolos de atención para menores desmovilizados. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría delegada para infancia y familia aseguraban la supervisión y el seguimiento. El Ministerio de Defensa aceptó apoyar el esfuerzo y ordenó a las guarniciones militares que se abstuvieran de interrogar a los y las menores de edad que se escaparan, que se entregaran o que fueran detenidos en el teatro de operaciones y que los entregasen inmediatamente a un equipo conformado por defensor de familia, trabajador social y psicólogo del ICBF. En el Instituto diseñamos y pusimos en operación unidades móviles para llevar a los equipos a recoger a los menores y logramos que la policía pusiera aviones a disposición para trasladar a los desmovilizados a Bogotá en donde les ubicábamos en las casas de paso, quintas alquiladas en la sabana de Bogotá, en los municipios de Cota, Tenjo, Subachoque y Tabio, principalmente.
Yo visitaba esas casas con frecuencia, conversaba con los psicólogos, con los educadores y con los pelados y las peladas, como les decía Julián. En julio de 2002, a unos pocos días de salir, me fui a una de esas casas, en Cota, en donde un grupo de desmovilizados había preparado un acto cultural. Una joven participó bailando joropo con mucha gracia, pero luego se apartó del grupo y se quedó ensimismada. Yo noté algo extraño y le pregunté a la psicóloga que qué pasaba. Me dijo, “ella es María (nombre ficticio), tiene 18 años cumplidos, y sabe que ya no le queda mucho tiempo en el programa, está muy angustiada; hable con ella jefe” a mí me decían jefe, sabían que no me emocionaba que me dijeran doctor.
Entonces le pregunté que como estaba, tratando de indagar qué le molestaba y me contestó con una franqueza que me dejó anonadado.
Primero me dijo “¿Usted es el jefe de todos?”
Yo le contesté si, soy el director del Instituto.
Continuó diciendo “ pues mire señor a mi lo que me pasa es que si no consigo trabajo o estudio me toca volver a putear y eso no lo resisto”.
Le pregunté ¿Cómo así?
Y me dijo “¿tiene un rato pa que le cuente?”
Encendimos un cigarrillo, abrimos una pola, ella ya era mayor de edad, y nos sentamos a conversar. Me contó que ella se había volado de la casa en donde su padrastro la tocaba y la maltrataba, a los 14 años, con un muchacho que le gustaba y que le había prometido que allá en la guerrilla la iban tratar bien.
“Llegamos al frente y al pelado ese lo mandaron pa otro frente y mi me dejaron porque le gusté al jefe de la cuadrilla que me comió esa misma noche. Después una de las guerrilleras mayores, que tenía mando, me empezó a mandar a donde los jefes, me volvieron la puta de la tropa, las otras peladas me odiaban, y los pelaos no se metían conmigo por miedo a que los mataran los jefes. Así estuve 3 años hasta que convencí a un pelado que me ayudara a volarme y logré llegar a la brigada hace un año. De allá me trasladaron para acá y pude estudiar y ya saqué el bachillerato, yo era pila en el colegio, me jodió la vida ser bonita, hubiera sido fea jueputa” (lo cito porque me quedó grabado en mi memoria para toda la vida).
Le pregunté que qué quería hacer, y me dijo de frente “cualquier cosa menos puta”. En ese momento la psicóloga, que conocía el cuento de memoria, se acercó y me dijo, “jefe hay que ayudarle, ella quisiera estudiar estética y poner una peluquería”. Como ya era mayor de edad era poco lo que podía hacer el ICBF. Afortunadamente, la persona de la OIM que estaba a cargo del programa encontró la forma para apoyar a María y según supe años después, en 2010, en una conversación con Julián, María pudo, como muchos niños y niñas recuperarse y reintegrarse a la sociedad. Hoy no sé en donde esté.
De regreso Julián me dijo, «director esa historia es mucho más frecuente de lo que Usted se pueda imaginar, a esas peladas les fue muy mal en la guerrilla».
Pasé un par de semanas recordando el día que fui a San Vicente del Caguán, en los tiempos del despeje, a una sesión sobre los temas de infancia con los guerrilleros y me tocó dar mi presentación en un salón lleno de guerrilleros armados y con Raúl Reyes y Sandra Ramírez, la proxeneta de las FARC, sentados en una mesa a la derecha del podio, con sus fusiles AK47 sobre la mesa mirándome con una sonrisa irónica. Yo estaba amenazado de muerte por ellos por mis denuncias y tenía que pasearme en carro blindado con escoltas. Ese día les dije en la cara que el reclutamiento de menores de edad era un delito de lesa humanidad y que si creían en la paz deberían entregar a todo los niños y niñas combatientes, para entonces no sabía la clase de persona que era la señora Griselda Lobo.
Yo salí del ICBF, estuve un año medio sabático haciendo pequeñas asesorías y en 2004 empezó mi segunda vida africana y regresé en 2010 cuando reconecté con algunos de los que habían estado en el ICBF conmigo entre ellos con Julián que ya estaba muy enfermo, falleció un par de años después.
En 2008, un grupo de mujeres creó la asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), conformada por madres, esposas, hijas y hermanas de los hombres asesinados por militares del Ejército Nacional de Colombia de manera ilegítima y presentados como guerrilleros muertos en combate entre 2006 y 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En ese entonces denunciaron la muerte de 19 jóvenes residentes en Soacha y Bogotá que aparecieron al nororiente del país, en el departamento de Norte de Santander, y fueron presentados como guerrilleros muertos en combates con el ejército. Con el correr de los años, las “madres de Soacha” en una titánica labor, que les reconozco, lograron llevar a la sociedad a exigir que esos crímenes se investigasen y que el Estado respondiese. Las condenas no se hicieron esperar. Según datos de la fiscalía entre 2014 y 2021 se vincularon más de 5,000 uniformados y se registraron 1,282 condenas en su mayoría de soldados y suboficiales. Los que daban las órdenes, coroneles y generales que fueron vinculados se acogieron a la JEP y varios aceptaron su participación y asistieron a sesiones de perdón con las víctimas. El oficial de más alto rango condenado es el coronel (r) Publio Hernán Mejía quien no aceptó responsabilidad plena ante la JEP por lo que enfrentó un juicio adversarial y recibió una condena de 20 años de cárcel. Hasta ahora no hay ningún general condenado.(Wikipedia.)
En todo este proceso de los falsos positivos MAFAPO jugó un papel fundamental, estuvieron en la Habana en las negociaciones en su calidad de víctimas, han sido escuchadas por la JEP y por la Comisión de la Verdad y sus testimonios han contribuido, como debe ser a que esa escandalosa conducta de las fuerzas del Estado haya recibido la condena de la sociedad y que los culpables la de la justicia.
La Corporación Rosa Blanca Colombia es una organización sin ánimo de lucro formada desde el año 2008 y que no logró constituirse legalmente sino a partir del 2018, por mujeres que se encontraban en las cárceles del país acogidas a la Ley de Justicia y Paz. A partir de su participación en los espacios judiciales empiezan a identificar las vulneraciones que sufrieron mientras hacían parte del grupo armado ilegal FARC, como reclutamiento forzado, violencia basada en género, violencia sexual, esterilización y abortos forzados entre otros. Actualmente, se constituyen como Corporación en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas que han sido víctimas de las FARC con más de 350 personas víctimas en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades del país. No tiene reseña en Wikipedia. (tomado centrodememoriahistorica.gov.co/corporacion-rosa-blanca-colombia/)
Otras víctimas de los mismos delitos de lesa humanidad, como Deisy Dorelly Guanaro que no pertenece a Rosa Blanca, han presentado las mismas denuncias. Hay testimonios que coinciden plenamente con la historia que me contó María en 2010, con una diferencia fundamental, en varias denuncias, se menciona a Sandra Ramírez, o Griselda Lobo , como una de “las guerrilleras que tenían mando” como responsable de seleccionar niñas reclutadas, todo reclutamiento es considerado forzoso si se trata de una menor de edad, para ponerlas “al servicio de los comandantes” como esclavas sexuales, de ordenar abortos y esterilizaciones.
El doble rasero, típico de todos los extremos políticos Las madres de Soacha fueron estigmatizadas y en algunos casos amenazadas, más que todo en redes sociales, pero rápidamente escuchadas, reconocidas y protegidas por la sociedad y las autoridades Las mujeres de Rosa Blanca víctimas de las FARC no hayan sido oídas. Ellas no estuvieron en La Habana, sus testimonios no fueron escuchados por la JEP ni fueron tenidos en cuenta por la comisión de la verdad. Y aún hoy en día siguen siendo amenazadas. No hay una sola condena individual por los delitos cometidos por los miembros de las FARC “todos con mando sobre la tropa” contra las niñas víctimas de violencia sexual. “Las amenazas de muerte sobre las mujeres sobrevivientes de las FARC siguen. ¡Estas denuncias deberían tener trámite prioritario por parte de la fiscalía, pero no es así! Esta es la realidad que están viviendo quienes hablaron contra las Farc”. (Post de @DianaSaray en X, julio 21 de 2026).
¿Tendrá algo que ver el hecho de que esas mujeres apoyaron sin remilgo el NO en el plebiscito de Santos?
Escondida detrás de las condenas grupales al secretariado de las FARC por el reclutamiento de más de 18,000 niños y niñas, Sandra Ramírez no ha reconocido plenamente, como debería, los delitos de los que la acusan testigos que los vivieron en carne propia. La JEP tampoco se lo ha demandado. La proxeneta de las FARC ha gozado de impunidad, de la protección del Estado y de la de varias periodistas que dicen defender los derechos de las mujeres.
El coronel (r) Mejía está pagando veinte años de cárcel. Los y las responsables de los delitos de los que yo tuve noticia en 2002, hace 24 años, y que Rosa Blanca y otras mujeres vienen denunciando desde 2008, hace 18 años, no han sido procesados ni por la justicia ordinaria ni por la JEP. El reclutamiento de menores de edad es un delito, pero eso no exime a los responsables de delitos sexuales contra menores de edad de responder por esos también. En las negociaciones con los paramilitares que llevaron a los acuerdos de Justicia y Paz, como en las que llevaron a los acuerdos del Colón, los representantes del Estado, véase los gobiernos de Uribe y de Santos, barrieron debajo de la alfombra a los niños y las niñas, de eso no se habló para no enredar las negociaciones, ni en El Ralito ni en La Habana.
El presidente electo de la Espriella amenaza con “terminar la JEP y enviar a esos bandidos a la cárcel”. Demagógica promesa. Para desconocer el triunfo del NO en el plebiscito de 2016, el gobierno invitó a los promotores del NO a un «negociación» que condujo a «los acuerdos del teatro Colón” que fueron un recocido de lo firmado en Cartagena de Indias y negado en el plebiscito. Aprovechando el impulso, mediante lo que se conoció como el mecanismo del Fast Track los hizo refrendar por el Congreso de la República y por medio de un acto legislativo la JEP quedó blindada. Para cambiarla o eliminarla sería necesario aprobar otro acto legislativo que requiere 8 debates parlamentarios, 4 en comisiones primeras y 4 en plenarias, tanto de Senado como de Cámara y eso en un congreso en donde el presidente electo, por primera vez en 30 años no logra hacer elegir a su candidato en la presidencia. No lo veo fácil.
No quedaría, entonces, más instancia que la Corte Penal Internacional. En cada caso el fiscal de la Corte determina si hay mérito para procesar, y en el caso colombiano el primer paso sería, hipotéticamente, revisar el Acuerdo de Paz y los resultados de la JEP. En 2021 el fiscal Oliver Khan, destituido el 24 de julio por la Asamblea de Estados Partes acusado de acoso sexual, había cerrado el examen preliminar sobre Colombia, y firmado un acuerdo de cooperación con el Gobierno colombiano. Básicamente dijo que «la complementariedad está funcionando en Colombia a través de los tribunales ordinarios, la ley de Justicia y Paz y, especialmente, la JEP». En 2026 delegados del Fiscal de la CPI ratificaron esa posición «reconociendo los avances de Gobierno y de la JEP en justicia transicional restaurativa». O sea que por ese lado pailas, todo parece indicar que Sandra Ramírez y los demás «mandos» de las FARC se van a «ir de rositas» como dicen los españoles.
Sólo queda la condena social y en el actual escenario de inmensa polarización es altamente probable que ello no suceda.
Juan Manuel Urrutia. Julio 2026.
Nota: Mi amigo Machicho usa la expresión irse de rositas en su columna de esta semana. Explica que significa: “irse sin pagar lo que se debe o sin recibir el castigo merecido»
La Cucharada 