El filósofo colombiano, Felipe de Brigard, se ganó, hace unos días la MacArthur Fellowship de 2026, que puede ser uno de los reconocimientos académicos más importantes del planeta. Se trata de una beca de una cuanntiosa suma de dinero que de Brigard utilizará para seguir profundizando en sus investigaciones sobre la memoria, una de ellas que me produce un gran interés que es sobre la relación entre perdón y memoria que se circunscribe a un proyecto que de Brigard y otros investigadores han llamado “Memoria y Perdón” que incluye entrevistas con víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin entrar en muchas honduras, por que no tengo ni el conocimiento ni la información para el detalle, uno de los puntos de partida de los trabajos del Dr. de Brigard y sus colegas es que el perdón no cambia sustancialmente el recuerdo o la memoria del hecho perdonado pero que lo que si cambia con el perdón es el sentimiento que causa el hecho perdonado. Claro el perdón tiene que ser sincero, la víctima debe haber perdonado sinceramente a quien le causó el daño. Si algo saco yo de esta información es que el cuento del “perdón y olvido” es eso…puro cuento. Si acaso hay perdón, olvido nunca.
Por estos días, a raíz de la propuesta de recorte del presupuesto de la JEP, por parte del ponente de la ley de presupuesto en el Congreso se ha desatado un debate, que a mi me parece algo tonto, sobre si se debe “cerrar” la JEP y sobre si ha servido para algo. El debate ha sido exacerbado porque se cumplieron 10 años desde que una mayoría de colombianos rechazó los acuerdos de Paz que crearon al JEP en un plebiscito que el gobierno de JM Santos, con el beneplácito del congreso desconoció y luego de una seguidilla de “jugadas” con la clase política produjeron un nuevo acuerdo que se firmó en el teatro Colón.
Para un importante sector de la derecha colombiana el acuerdo de paz firmado en el Colón no tiene validez ni legitimidad. La JEP creada por ese acuerdo tampoco. Y como decía el gran Cantinflas en una de sus mejores películas, “ahí está el detalle”. Para muchas víctimas del conflicto, entre las que sobresalen las mujeres de la corporación Rosa Blanca, en especial Deisy Dorelly Guanaro, varios de los secuestrados por las FARC y muchas víctimas silenciosas, las instituciones creadas por los acuerdos negados en el plebiscito no tienen legitimidad. Para esas víctimas los actos de “perdón colectivo” orquestados desde la JEP no tuvieron valor. En pocas palabras, no han perdonado. Y como no han perdonado, pues no ha habido catarsis, el hecho del que fueron víctimas todavía produce rabia y rencor. No ayudan la displicencia, la soberbia y el cinismo con que miembros del secretariado de las FARC se refieren a los “hechos”. Sobresale la declaración de alias Timochenko cuando sostiene que a los secuestrados se les daba un muy buen trato y claro la continua negación de su papel de proxeneta, abortista y explotadora de menores de alias Sandra Ramírez.
No ayuda al debate el hecho que, por varias razones, entre otras el contubernio del gobierno de la banda del Pacto Histórico con las demás bandas criminales que operan el narcotráfico, la extorción, el secuestro y la minería ilegal, un importante sector de la población considera que el acuerdo de Paz lo único que produjo fue impunidad y privilegios para quienes esa población considera bandidos.
En pocas palabras a los acuerdos del Colón en 2016 es que les hizo falta una pata a la mesa, la pata del perdón y así no se puede esperar que la JEP encuentre simpatía. En el imaginario de un importante sector de la población colombiana los victimarios, sobre todo los de las FARC, no han mostrado estar dispuestos a pedir perdón con franqueza y transparencia y claro sus víctimas no los han perdonado ni le perdonan a la JEP que pretenda que ha habido perdón (me suena que esta frase da para película de Cantinflas).
Es muy impresionante encontrarse con el odio y la animadversión que produce Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, quien para bien o para mal, ha cumplido con buena parte de lo que firmó en 2016. Más impresionante aún es ver como una congresista perfila y persigue a la magistrada Julieta Lemaitre, de la JEP, que fuera quien presentó la acusación formal en el Caso No 1 por secuestro y otros delitos de lesa humanidad contra todo el secretariado de las FARC, tan sólo por una sonrisa de cortesía durante la primera audiencia. La magistrada Lemaitre les paró el macho a los miembros del secretariado, con elegancia, porque ella si sabe que lo cortés no quita lo valiente, cuando en la audiencia de acusación le recordó al señor Londoño y a sus compañeros que los esporádicos actos de “buen trato” no borraron la vejación, el maltrato y la comisión de los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra las víctimas de los secuestros. Acusados por la magistrada Lemaitre, los miembros del secretariado fueron condenados por la JEP y deben cumplir la máxima sentencia acordada de 8 años de penas alternativas.
El actual debate sobre la legitimidad de la JEP también se ha visto afectado por la falta de transparencia en los manejos de los recursos asignados y por excesivos gastos que parecerían ser superfluos e innecesarios. En el debate sale mal parado el presidente del tribunal que en lugar de explicar y de justificar, se dedica a denunciar un supuesto complot para acabar la JEP.
En mi opinión la JEP ha funcionado tal y como estaba diseñada pero nació con una mancha de ilegitimidad que ha no ha logrado borrar. Lastimosamente para que esa paz que negoció Santos funcionara, era necesario que la JEP produjera resultados convincentes para la mayoría de los colombianos y colombianas y no solamente para un sector de la población a quienes satisface que el tribunal haya sido especialmente duro con los miembros de las fuerzas armadas y de policía sin importar la impunidad que ha beneficiado a los miembros de las FARC.
Lo peor que le puede pasar a la JEP hoy es que su defensa la asuman quienes dedicaron cuatro años a saquear las arcas del Estado colombiano y los intelectuales y periodistas “independientes” que los protegen y defienden. Esto porque coloca al tribunal en el medio de la «batalla cultural» entre extremos.
Cucharaditas
P.S.1 Las revelaciones de la ex íntima amiga de la señora Verónica Alcocer, alias La Brincona, son una bomba nuclear. De ser ciertas, lo que la defensora de la banda criminal PH, María Ximena Dusán pone en duda, se confirma que en el segundo piso de la Casa de Nariño operaba una sofisticada estructura delincuencial; y si son falsas queda seriamente comprometida, no que le importe, la seriedad periodistica de la señora Vicky Dávila.
P.S.2 Dice @CCarrizosaC (Cristina Carrizosa) en X: Dos años más son demasiado para que en un país con los niveles de criminalidad que tiene Colombia tengamos una fiscal que, si no es corrupta, entonces es una perfecta incapaz. Colombia necesita una reforma que imponga un sistema eficiente para procesar por responsabilidad política a los altos funcionarios
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