La Cucharada

Hoy si me despaché.  Nada me ha  producido más desazón, que la cínica y tardía confesión de los violadores de las FARC y de la peor tratante de menores de edad con fines de explotación sexual de que se tenga conocimiento.

Entre 2012 y 2016, a media que se iban conociendo los diferentes puntos de acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los negociadores de las FARC, en varias oportunidades en mis columnas en El Molino, expresaba mi preocupación de la ausencia del tema puntual de los delitos de lesa humanidad relacionados con el reclutamiento forzoso de niños y niñas y todas las violaciones de sus derechos de que eran objeto.  Cuando se firmó el acuerdo que fue rechazado en el plebiscito, escribí que los negociadores de parte y parte habían dejado por fuera a los niños y las niñas, desconociendo así el artículo 44 de la constitución política.  Ese desatino se repitió con la firma del acuerdo “modificado” en el teatro Colón.  En 2016, los niños y las niñas seguían por fuera del acuerdo.  Y eso lo aprovecharon los miembros del secretariado.  

Yo nunca he logrado borrar la imagen del cinismo de las FARC en el Caguán.  En el marco de los fallidos diálogos, en la zona de despeje, con Julián Aguirre y el apoyo definitivo de la primera dama, Nohra Puyana de Pastrana, logramos que se convocara un encuentro con la dirigencia de la guerrilla, en San Vicente, para hablar del tema de infancia.  Yo presentaría la posición del gobierno.  Los guerrilleros, seguramente asesorados por sus “compañeros” del partido comunista, habían preparado una diatriba contra las acciones del Estado, y esperaban que yo llegara a defender esas acciones.  Se me informó que todo estaba listo para iniciar el encuentro.  Fieles al histrionismo que los caracterizó durante ese fallido proceso, cuando la sala ya estaba llena entraron los “jefes”, Raúl Reyes, Sandra Ramírez y un tercer miembro del secretariado cuyo rostro no recuerdo, los tres portaban sus fusiles AK47, terciados, amenazantes.  Y para rematar los colocaron sobre la mesa que tenían frente a sus asientos.  La sorpresa fue para ellos grande, pues yo, en lugar de salir a hacer una insulsa defensa de las acciones del Estado, me limité a contestar a la diatriba preparada por los comunistas, con una sencilla acusación, “le garantizo a este auditorio, que los niños y niñas que peor están en Colombia son los que Ustedes, dije dirigiendo la mirada a la mesa de los guerrilleros armados, reclutan y explotan, que hoy han tenido la precaución de no traer por acá”.  Nunca olvidaré la rabia en la cara de Reyes, ni la socarrona y cínica sonrisa de la “comandante Sandra”, que se sabía protegida por Tiro Fijo en su cochina labor de proxeneta.  En ese momento los “comandantes” se retiraron de la sala.  Y yo me vine de regreso para Bogotá a andar en camioneta blindada con un esquema de protección que me incomodaba, pese a que los conductores y los escoltas que me acompañaban eran unas personas maravillosas.  Las amenazas no cesaron hasta que dejé el cargo en agosto de 2002.  Luego anduve asustado y se me fue pasando.

Entre 1998 y 2002 el ICBF con el apoyo de UNICEF, de USAID y de la OIM (Organización Mundial de las Migraciones) en una labor conjunta con el ministerio de defensa y las fuerzas armadas desarrolló un programa de desmovilización de niños y niñas vinculados al conflicto armado.  El programa lo dirigía un gran señor, de nombre Julián Aguirre (QEPD).  Se llegó a lograr la desmovilización de muchísimos niños y niñas.  La mayoría, los más jóvenes volvían a sus casas.  Sin embargo, había un grupo muy especial, niños y niñas reclutados a muy temprana edad y que habían pasado varios años en la guerrilla, principalmente en las FARC, desarraigados de sus medios familiares.  Quedaban bajo la protección de ICBF y los instalábamos en varias casas que arrendaba el ICBF o la OIM en varios municipios de la Sabana de Bogotá.  Por iniciativa de una sicóloga de la OIM, fui invitado a unos diálogos con los “pelados”, como les decían.  En 2002, visité varias de esas casas.  Los “pelados” eran niños y niñas desmovilizados que estaban por cumplir 18 años y que estaban terminando el proceso de “reinserción”.  Se había logrado que completaran o adelantaran sus estudios, algunos la primaria, otros la secundaria, algunos pocos estaban empezando estudios técnicos o universitarios.  Mi presencia en esos “diálogos” tenía dos propósitos, por una parte había un elemento de presencia del Estado representado por un funcionario, mal que bien, de alto nivel y con cierto reconocimiento público, el segundo y el más importante, era que yo entendiera lo que significaba la desmovilización, que me enterara de lo que vivían esos niños y esas niñas, para que comprehendiera su fundamental importancia e impulsara la continuidad del programa.

Escuché testimonios desgarradores.  Puedo decir, sin exagerar, que en el año 2002, las instituciones que se ocupaban de los asuntos de infancia en Colombia conocieron los vejámenes, las violaciones y el abuso sexual al que eran sometidos y sometidas, los niños y las niñas, reclutados forzosamente en unos casos y que se habían ido a la guerrilla voluntariamente, engañados o, hay que reconocerlo, porque no veían otra opción en sus vidas.  No digo que eso sucediera únicamente con las FARC pero, por lo menos en ese momento el 80% de los desmovilizados venían de esa narcoguerrilla.

Puedo decir con cierto orgullo, que gracias a Julián Aguirre, y a la convicción del presidente Pastrana y de la primera dama, tanto en el fallido proceso de paz del Caguán, como durante el resto de los cuatro años pusimos el tema del reclutamiento de menores de edad y de su explotación en el lugar de prioridad ordenado por el artículo 44 de la constitución, “los derechos de los niños prevalecen”.

Años más tarde, cuando regresé de Suráfrica, en 2013, en una reunión con Julián, él me relataba que nunca había logrado convencer al fugitivo Luis Carlos Restrepo para que incluyera el tema del reclutamiento de menores de edad en las negociaciones de paz con las autodefensas.  Me decía que la situación había empeorado porque al gobierno de Uribe, lo que le interesaba era la derrota de las guerrillas y que la política de la “seguridad democrática” no tenía ningún componente para promover la desmovilización de los niños y niñas.

Por esa razón, el programa del ICBF se fue desmontando y cuando se iniciaron los diálogos de La Habana, no hubo en el gobierno del presidente Santos la voluntad de darle al tema de la infancia la prevalencia que merecía.  En la Habana, no hablaron los niños, ni las niñas ni sus defensores.  En la Habana no se le dió espacio a las víctimas de los vejamenes cometidos contra menores de edad.

Cuando «la Paz» se convirtión en la bandera de la reelección, el uribismo decidió que el reclutamiento de niños y niñas podría ser útil en su oposición al proceso de paz y como argumento para impulsar, más adelante, el NO en el plebiscito, el tema del reclutamiento y la explotación de niños y niñas salió de los salones de reunión de los “expertos en asuntos de infancia”. 

Los derechos de los niños y las niñas no aparecen en el ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, que es el rimbombante nombre que se le dio al acuerdo firmado en el teatro colón luego de que los colombianos negaran el acuerdo inicial firmado en Cartagena de Indias, con la presencia, de entre otros, Nicolás Maduro.

En las primeras de cambio de la implementación de “los acuerdos”, lo primero que hicieron las FARC, con el apoyo de todo el progresismo, fue incluir a Sandra Ramírez entre los beneficiarios de las curules que les regaló el gobierno en la negociación.  La Corporación Rosa Blanca fue creada por “un grupo de mujeres víctimas de las FARC, reclutadas desde niñas, violadas y obligadas a abortar, en respuesta por la omisión de esos temas en los acuerdos de paz”.  Y desde el vamos, Sara Morales su fundadora, denunció las atrocidades cometidas por Sandra Ramírez exigiendo que fuera excluida de las curules regaladas.  A Sara la amenazaron de muerte, continuamente, la persiguieron y la acosaron. En el segundo semestre de 2025, el candidato del Pacto Histórico aún defendía la supuesta inocencia de la proxeneta. Una semana antes de la confesión del secretariado, una periodista que con freciencia se rasga sus vestiduras feministas, apoyaba a la proxeneta en un foro en EAFIT a donde nunca debió ser invitada. 

En la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad los relatos de la mujeres de Rosa Blanca no salieron publicados, sin embargo, más allá de la no publicación lo que está detrás es la ausencia de los testimonios, en Colombiacheck encontramos que se trató más una falta de sincronía y desconfianza entre la Corporación y la Comisión, sobre en el abordaje a las víctimas que las ganas de silenciar unos relatos crudos sobre responsabilidades de las Farc en casos de violencias sexuales y reproductivas. (Colombia Check, agosto de 2022).

En la JEP tuvieron más importancia 6 casos que el de los niños y las niñas, caso No 7 que ha producido, finalmente, tarde, muy tarde, la confesión colectiva del secretariado.  Reconocen el reclutamiento forzado, la explotación y la violencia sexual, VEINTICUATRO años después de que el gobierno de Andrés Pastrana lo denunciara en el Caguán.

Veinticuatro años de silencio, de persecución, de, ese sí, un pacto de silencio, de revictimización, de amenazas.

La violencia sexual, la trata de menores con fines de explotación sexual y todas las formas de explotación de niños y niñas son delitos INDIVIDUALES.  El reconocimiento colectivo del secretariado, un grupo de senadores, todos tan barrigones como yo, es casi insultante. 

Mientras el progresismo enfocó sus baterías en contra de los miembros de las fuerzas armadas por los 6,400 falsos positivos, y contra Álvaro Uribe, callaba y defendía a quienes perpetraron los crímenes, contra por lo menos 18,644 niñas y niños, fueron muchos más.  La actitud agresiva y cínica de Sandra Ramírez y de todos los violadores contrasta con la acusación permanente del progresismo, del feminismo y del presidente contra “la derecha”.  Mientras “las madres de Soacha” participan de todo evento político de la izquierda, a la Corporación Rosa Blanca y a otras víctimas que se atrevieron a señalar a Sandra Ramirez y a los violadores, las callan, las amenazan y las estigmatizan.

Los niños y las niñas no votan.  Los adultos nos escondemos detrás de lugares comunes, como “los niños son el futuro”.  Falso, los niños y las niñas son el presente y deben ejercer sus derechos en el presente.  Eso, los adultos lo olvidamos convenientemente, y sólo lo recordamos cuando sirve al discurso.

El ajusticiamiento de mas de 6,400 jóvenes fue una monstruosidad, afortunadamente Colombia le ha ido pasando factura a todos y cada uno de los responsables, y hasta a algunos que no lo son.  El reclutamiento forzado de más de 18 mil menores de edad, la explotación sexual sistemática y continuada, las violaciones de niñas y niños, hasta de 10 añitos de edad, los abortos forzados, los ajusticiamientos de niños y niñas han sido una abominación, es hora de que Colombia también le pase factura a cada uno de los responsables y a los que llevan 24 años tapando esas monstruosidades. 

Si la JEP no profundiza y llama a los responsables individuales a responder y si no se producen sentencias coherentes con la gravedad de los delitos se debe acudir a  la Corte Penal Internacional porque eso es lo que dicta el estatuto de Roma, no para presetnar demandas insulsas para vanzar la agenda del progresismo.

POSDATA: Hoy vamos a elegir el congreso y vamos a escoger candidato presidencial en tres consultas. Lastimosamente estas elecciones se desarrollan en medio de la peor corrupción electoral que se pueda conocer que es el uso de los recursos y de la contratación públicos para impulsar a los candidatos del Gobierno. Se pregunta uno ¿para qué voto?

Juan Manuel Urrutia, marzo 11, 2026