En 1985 yo era el secretario del Consejo ministros y el subsecretario general de la presidencia de la República. En mi calidad de secretario del Consejo, estuve presente durante las peores veintiséis horas de mi vida, mientras se cometía el más horripilante acto de terrorismo de la historia de Colombia y sucedía la más sucia intervención del ejército de Colombia. En mi calidad de subsecretario general de la presidencia, estuve encargado de las operaciones de recepción de heridos y damnificados en el aeropuerto Eldorado y de la recepción de las ayudas internacionales en la base aérea de CATAM, a raíz de lo que se ha conocido como la tragedia de Armero. Cumplí 34 años en noviembre de 1985. El fin de semana siguiente, tras una interminable quincena, llegué a la casa de campo que teníamos en Gachancipá y bajó la adrenalina. Me fui al monte y a escondidas de mi esposa, y de mi hija que entonces tenía 8 años, lloré amargamente, no creo que ellas recuerden ese episodio. Es bien raro que casi ninguno de los análisis que se multiplican por estos días relacione el impacto que tuvo sobre la memoria de la masacre del palacio de Justicia, el hecho que apenas nos estábamos sacudiendo el estupor de semejante hecho tan horripilante, nos hubiera caído encima la tragedia de Armero.
El 6 de noviembre de 1985, estaba en mi despacho (que nombre rimbombante para una oficina) que quedaba en el segundo piso en la esquina sur oriental de la Casa de Nariño, tal vez el punto más alejado de la plaza de Bolívar. De pronto oí los disparos a lo lejos, me asomé a la ventana y vi que el soldado del batallón Guardia Presidencial estaba acostado en el suelo apuntando su arma hacia la calle. La secretaria entró a mi oficina y me dijo que estaban diciendo que estaban atacando el capitolio. Salí disparado para la oficina de mi jefe directo, el Secretario General, Víctor G Ricardo. Él estaba con el presidente Betancur, en el salón amarillo que queda en el costado oriental, mirando a la Carrera Séptima, en unas presentaciones de credenciales de varios embajadores. Estaba con el canciller Augusto Ramírez. Se completó la ceremonia de credenciales y el presidente se dirigió a su despacho, con el canciller. Ya se sabía que era una toma del palacio de justicia. Fueron llegando los ministros, los que estaban más cerca, hacienda, igobierno y comunicaciones llegaron primero. Luego llegaron el ministro de defensa, General Miguel Vega Uribe, del ejército y el director de la policía, general Víctor Delgado Mallarino. El despacho del presidente era pequeño, entonces los ministros fueron llegando a la oficina del secretario general, ahí estábamos él, el secretario jurídico, Guillermo Salah Zuleta y yo. En el despacho del presidente estaba el canciller y en la sala de espera de la secretaría general se instalaron el ministro de defensa y el director de la policía acompañados de sus edecanes y varios miembros de la casa militar de la presidencia. Vega Uribe y Delgado se comunicaban con sus efectivos por radio teléfono, y casi siempre en clave. Yo no recuerdo haber visto en la casa de Nariño al comandante del ejército.
Los militares le informaron al presidente que ellos iban a recuperar el palacio de justicia y liberar a los rehenes.
Se conoció el comunicado del M19, que en esencia establecía que el propósito de la operación, que ellos bautizaron como “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, era obligar al presidente Betancur a presentarse al Palacio de Justicia para hacerle un juicio público, presidido por la Corte Suprema de Justicia, teniendo como fiscal a todo el pueblo colombiano, el cual formularía sus denuncias a través de la radio.
Todos los presentes en el despacho de la secretaría general coincidimos en que lo que planteaba el M 19 era descabellado.
El presidente Betancur se reunió con algunos ministros e hizo algunas llamadas telefónicas. Me instruyó que me retirara del despacho de la secretaría general, diciéndome “Juan Manuel por favor retirese porque esta no es una reunión del Consejo de ministros, y avíseles a todos los miembros que vamos a hacer consejo esta tarde”. Yo me fui a mi oficina y llamé a los ministros, a los jefes de departamento administrativo y a los secretarios de la presidencia que aún no llegaban y les informé que el presidente convocaría un consejo de ministros en la tarde, recomendándoles que fueran a la Casa de Nariño y que entraran por la carrera octava derecho al estacionamiento y no por la carrera séptima que era por donde entraban siempre.
Yo estuve unos momentos en la sala de espera de la secretaría general y me di cuenta de que, pese a que le habían dicho al presidente que iban a recuperar el palacio y liberar a los rehenes, los militares y el director de la policía estaban totalmente desbordados. Algunos ministros recomendaban hablar con los países amigos para pedir ayuda. Se ha dicho que los Estados Unidos apoyaron la “retoma”, a mí no me consta y más bien creo que los militares querían manejar eso “en casa”.
La toma se inició pasadas las once de la mañana. Los sicarios (del latín sicarius, asesino a sueldo RAE) entraron al palacio de justicia a sangre y fuego asesinando a dos guardias privados que no estaban oponiendo ninguna resistencia. En las dos horas siguientes las fuerzas armadas y la policía empezaron a intentar la recuperación. Y empezó la chapuza.
En el alto gobierno, a la una de la tarde del 6 de noviembre el consenso era que el presidente no podía negociar con los guerrilleros.
El presidente Betancur reunió el consejo de ministros completo y dio un detallado reporte sobre sus decisiones, el ministro de defensa, general Miguel Vega no asistió. Varios ministros hicieron comentarios. De memoria, porque yo no incluí los comentarios en el acta, recuerdo que Jaime Castro ministro de gobierno tomó la vocería para manifestar que el gabinete en pleno apoyaba la decisión del presidente de no negociar. El ministro de justicia, Enrique Parejo estaba muy molesto con toda la situación y la ministra de comunicaciones insistía en que había que “controlar a los medios que estaban desaforados”. Esa reunión fue muy corta. El presidente se quedó con un grupo de ministros. Yo me retiré porque no sentí que mi presencia fuera necesaria.
Pasadas la cinco de la tarde, se inició el incendio. Yo iba y venía recogiendo información y transmitiéndosela al Secretario General o al ministro Ramírez Ocampo. En un momento recibí por el «falcon» que era en 1985 el sistema de comunicación especial del alto gobierno, una llamda de un magistrado amigo que me dijo muy escuetamente, «Juan Manuel dile al presidente que estos tipos vinieron a matarnos, que no hay nada que negociar«. En esos ires y venires siempre noté que los mandos militares y de policía estaban desconcertados y enfurecidos. Y en una de esas escuché una airada comunicación telefónica de la ministra Sanín que ordenaba que se suspendieran las transmisiones de televisión y se pusiera el partido de fútbol que se estaba jugando en El Campin, lo que ella ha negado tratando de culpar al presidente por esa decisión.
Salí de la Casa de Nariño, tarde en la noche y regresé en la madrugada del siete a preparar el Consejo de ministros que el presidente había citado oficialmente para las nueve de la mañana.
En ese Consejo de ministros el presidente informó que después de varias consultas había decidido enviar a través de la Cruz Roja un mensaje a los sicarios indicando que el Gobierno estaba dispuesto a negociar únicamente sobre la liberación de los rehenes y la entrega de los sicarios. Aquí aclaro, el apelativo de sicarios es de mi cosecha, en una tergiversación de la historia, se les ha llamado guerrilleros. El presidente les pidió a los ministros que dieran su opinión sobre la posible negociación.
Los militares a cargo de la “retoma” no le permitieron al vocero de la Cruz Roja pasar el mensaje a los sicarios.
Estando reunido el Consejo de ministros se informó que la toma había terminado. Yo escribí en el acta: “Se escucha la narración de la radio que indica que se ha presentado el desenlace de la tragedia. El Consejo escucha en silencio absoluto. Se recibe información de diferentes fuentes”.
Es desenlace era trágico. En ese momento los ministros conscientes de las implicaciones de esta terrible tragedia, dejaron constancia de su apoyo irrestricto al presidente de la república y a la necesidad de defender las instituciones.
El acta de ese Consejo de ministros, la No 176, es la que más trabajo me costó redactar. Le pedí al presidente Betancur que me permitiera solicitarlee a un grupo de ministros que la revisaran antes de leerla para su aprobación, la compartí entonces con los de gobierno Jaime Castro, Justicia Enrique Parejo, y de Relaciones Augusto Ramírez y con la ministra de comunicaciones Nohemí Sanín por ser ellos quienes habían hecho las que yo consideraba las intervenciones más relevantes. Así se procedió.
El acta de ese Consejo de ministros, que debía ser confidencial, fue filtrada a Yamid Amat que la leyó en el programa 6am – 9am de Caracol. Yo siempre sospeché de Nohemí Sanín. Ella en cambio me acusó a mí.
El acta es, hoy en día, pública, y ahí está todo.
Hubo otra reunión del Consejo sábado el 9 de noviembre en la que se hizo un primer balance de la tragedia y se acordó que se continuaría avanzando hasta tener plena claridad de los hechos. Ya empezaban a circular las versiones impulsadas por los “defensores de derechos humanos” que pretendían exculpar a los sicarios y condenar a los militares.
El 13 de noviembre, sintiendo que la presión había bajado un poco, le informé al presidente que me iba al estadio a ver el partido de fútbol, se estaban jugando las finales. Estando en el estadio, de una de las cabinas de transmisión de alguna emisora nos informaron “pasó algo grave en Armero”. Me fui a mi casa. A las cinco de la mañana estaba en mi oficina en la Casa de Nariño. Oí por la radio el tristemente famoso relato de un piloto que informaba que Armero había desaparecido bajo el barro. Un par de horas después me fui con el secretario general en un helicóptero y sobrevolamos la zona. Efectivamente asistíamos a otra tragedia monumental.
De regreso a la Casa de Nariño, el presidente Betancur me ordenó que me trasladara al aeropuerto Eldorado a “coordinar” el despacho de las ayudas y la recepción de los heridos y evacuados. Tengo horripilantes recuerdos de los olores que desprendían algunos de los heridos, cuyos miembros ya estaban con gangrena y que llegaban al aeropuerto en un puente aéreo organizado por pilotos particulares, que llevaban a Bogotá a heridos y evacuados y regresaban con las ayudas que pudieran embarcar. Ya para la tarde del 14 de noviembre empezaron a llegar las ayudas internacionales y la instrucción del presidente era “registren hasta el último detalle lo que vaya llegando, porque como están las cosas nos van a acusar de haber dilapidado las ayudas”. En esas estuve hasta el final de la semana. Viendo la tragedia pasar por delante, en forma de heridos con gangrena, niños perdidos, adultos que no sabían que sería de ellos. Me reincorporé el lunes 18 a preparar la sesión ordinaria del consejo de ministros que tendría lugar el martes 19. En esa sesión se hizo un primer balance da la tragedia y se empezó a diseñar la reconstrucción. Asistió don Pedro Gómez Barrero quien sería designado como el “gerente” de la reconstrucción. No se habló del palacio de justicia.
Y esa es mi memoria. Ahora expongo mis pensaos.
Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 se dieron dos traiciones que afectaron en gran medida a Belisario Betancur, un hombre bueno y lleno de buenas intenciones. Los traidores fueron: los comandantes del M 19 y los sicarios del Palacio de Justicia por una parte y la cúpula militar por la otra.
La toma del palacio de justicia por un grupo de sicarios acompañados por guerrilleros rasos del M 19, la rabiosa reacción, desmedida y sobre todo chapucera del ejército de Colombia y el desastre que causó la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Armero y otros municipios del departamento del Tolima fueron hechos aislados, pero tuvieron un elemento que los une, el efecto sobre el gobierno de Belisario Betancur.
El desastre del volcán frenó cualquier impulso que hubiera en el Gobierno para llegar al fondo de las investigaciones que hubieran permitido determinar con certeza culpas y responsabilidades en el caso de la toma sicaria del palacio de justicia. Y claro, los cabecillas, la cúpula del M y la cúpula militar aprovecharon. Ni Miguel Vega Uribe, ni Rafael Samudio, ni Álvaro Fayad, ni Carlos Pizarro ni Vera Grave tuvieron que explicar nada. Jaime Castro ha sostenido que Gustavo Petro, que estaba en la cárcel, trató de iniciar un motín el 6 de noviembre diciéndole a los presos que los iban a soltar y que entrarían con el pueblo a la plaza de Bolívar. No me consta, pero indicaría que el presidente de Colombia sabía y es por lo tanto cómplice de un acto de sicariato.
Apoyados en la falta de una investigación profunda, los movimientos de la izquierda colombiana lograron instalar un relato falso. Siniestros “comunicadores” como Ramón Jimeno y Olga Behar, así como una muy vengativa Helena Urán han sido los multiplicadores de esa infamia. Los sicarios, Almarales y Otero eran unos angelitos que nunca tuvieron la intención de matar a nadie y a los magistrados y los demás rehenes los asesinó el ejército. Amparados en ese relato que culpaba de todo a un gobierno débil y a los militares y debido a su extremo odio sectario hacia los conservadores, especialmente hacia Belisario Betancur, Virgilio Barco, Germán Montoya y Rafael Pardo se inventaron el ilegal indulto del M19. Se enterró el hecho confirmado por varias fuentes que la famosa Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre había sido financiada por “los extraditables” y que el contrato incluía la quema de los archivos y el asesinato de, por lo menos, los cuatro magistrados de la sala constitucional que estaba sesionando el 6 de noviembre con un solo asunto en la agenda, la presentación de la ponencia favorable a la aprobación del tratado de extradición por parte del magistrado Manuel Gaona, asesinado por el sicario Almarales.
Mientras el gobierno trataba de entender y de atender lo que sucedía en Armero, los militares, para tapar su inepta y furibunda operación, destruían pruebas, escondían cadáveres y torturaban presos. Así por ejemplo nunca se ha podido determinar si a los magistrados Alfonso Reyes Echandía y Alfonso Patiño Roselli los mató el “fuego cruzado”, si fueron utilizados como escudos humanos por los sicarios o si los mataron los sicarios con armas que le quitaron al ejército. Pero el infame relato de Jimeno y otros acoge la contraevidente versión de que a los magistrados los mató el ejército porque no los mataron la balas de las armas que llevaban los sicarios. Ha sido tal el descaro que aún hoy en día el presidente Petro sostiene que ningún magistrado murió por las balas del M 19.
Hay un hecho que es absolutamente irrefutable. Ni Álvaro Fayad que era el comandante del M 19 en noviembre de 1985 ni los miembros de la cúpula del grupo terrorista tuvieron que responder ante la justicia. Tampoco tuvieron que responder Miguel Vega Uribe ni Rafael Samudio. A los sicarios y guerrilleros se les perdonó todo. A los subalternos de los verdaderos responsables de la retoma con todos los excesos y crímenes cometidos, la justicia y la izquierda los han perseguido sin misericordia. Ni justicia, ni verdad, ni reparación. Y sobre el gobierno de Belisario Betancur pesó hasta el 7 de agosto de 1986 una espesa nube negra.
Siempre me hice una pregunta: ¿Hubiera sucedido la tragedia de Armero si en lugar de estar enrollado con el desastre del palacio de justicia el gobierno se hubiera ocupado de las alertas que si se recibieron? Y esa como muchas otras dudas que dejó esa terrible quincena se quedará para siempre sin respuesta.
Juan Manuel Urrutia V. 40 años después
La Cucharada 