La Cucharada

Han pasado 39 meses, 1186 días para ser precisos, desde que Gustavo Petro tomó posesión del cargo de Presidente de la República.  Las críticas abundan, la desesperanza es un sentimiento frecuente.  Salvo en el caso de los más fervientes seguidores del culto en que se ha convertido su movimiento, y de sus compañeros en la dirección del Estado, que se ha convertido más bien en una rapiña, la gente cree que el país va mal.  Pero, dirán sus defensores, si la economía va bien, el desempleo está en su nivel más bajo de este siglo, la tasa de cambio muestra al peso colombiano como una de las monedas más fuertes de la región.

Es más, si uno, que ya no hace negocios, ni participa en juntas directivas ni nada de eso, le pregunta a los que sí, la respuesta es los negocios van bien, la gente está ganando plata, hay cada vez más restaurantes, cada vez más costosos y están más llenos, no es fácil conseguir pasajes para viajar al exterior para una emergencia, la mayoría de los vuelos, que son muchísimos salen repletos. 

Para rematar en la última encuesta conocida, la favorabilidad del presidente está en 44%, mucho más alta que la de sus predecesores. 

¿Y entonces?

Esta columna viene de una conversación con mi hija Carolina, en la que concluíamos que el mayor daño que Petro le ha hecho a Colombia es el daño a la ética de lo público.

Para ilustrar la tesis me dio por la pilera y revisé varios autores, escogiendo a Platón, Weber, Habermas, y Noah Harari que tienen interesantes aportes desde la filosofía y las ciencias sociales, seguramente hay otros.  Finalmente, añadí a Michael Sandel, profesor de Harvard cuya obra Justicia: Hacemos lo que Debemos leí hace unos años, y que, aunque se refiere más al tema de la justicia da alguna luz sobre el comportamiento ético del gobernante.

Platón sostuvo la idea de que la ética de lo público se funda en la virtud y en la racionalidad moral del gobernante, quien debe actuar con justicia como condición de legitimidad. En la tradición platónica, la política sin ética degenera en tiranía o demagogia, es decir, en la subordinación de lo común a los intereses particulares.  

Max Weber, que yo leí mucho cuando enseñaba sociología de las organizaciones en una época académica fabulosa, propone la idea de que se deben balancear la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción como elementos cruciales para la ética de lo público: el funcionario o gobernante no se mide solo por la pureza de sus intenciones, sino por la capacidad de prever y asumir los efectos sociales de sus decisiones.

Para Jürgen Habermas, la ética de lo público nada tiene que ver con la autoridad jerárquica ni con el cálculo instrumental.  La ética del gobernante debe apoyarse en el consenso racional alcanzado mediante el diálogo entre ciudadanos libres e iguales.  En este sentido, la legitimidad política se construye discursivamente: el gobierno ético es aquel que garantiza condiciones reales de deliberación y transparencia, donde los argumentos prevalecen sobre los intereses.

Yuval Noah Harari plantea que el riesgo no proviene solo del autoritarismo tradicional, sino de la manipulación algorítmica y la pérdida de autonomía ciudadana. Por ello, subraya que “la ética no puede subcontratarse a las máquinas”, recordando que la acción pública debe mantenerse dentro de los límites de la deliberación moral humana.

Para Michael Sandel, la ética de lo público implica recuperar el sentido moral de la vida cívica. No basta con leyes justas o instituciones eficientes: la verdadera justicia requiere debate moral, participación ciudadana y compromiso con el bien común. Su propuesta invita a repensar la política como una comunidad de propósito ético, no como un simple contrato de intereses.

En los tiempos del “marketing político”, de las campañas que gastan billones, y de las redes sociales con su amplio contenido de falsas noticias; en la escogencia de los gobernantes y de los “representantes del pueblo”; en las democracias contemporáneas priman promesas y expectativas, casi que personales, cuando no intercambios concretos de favores o recursos entre el votante y el candidato.  Valores como la virtud y a racionalidad quedan relegados, si es que se los llega a tener en cuenta.  Ese es uno de los elementos más impresionantes de la elección de Gustavo Petro, de cuyas virtud y racionalidad moral había serias dudas, o más bien plena certeza de la ausencia de estas en su errático paso por la alcaldía de Bogotá.  Resumiendo, Petro fue elegido a sabiendas de su dudosa si no inexistente virtud personal.

Gustavo Petro se presentó como un candidato que ofrecía un cambio profundo a una población fatigada por las prácticas de la clase política.  Más de once millones de ciudadanas y ciudadanos votaron por la pureza de las intenciones de cambio que Petro ofreció desde una plataforma populista y demagógica.  La gran decepción resulta no sólo del incumplimiento de la mayoría de las promesas sino, y sobre todo, de la incapacidad de un Petro cada vez más radicalizado en su discurso de reconocer y asumir los desastrosos resultados de algunas de sus acciones.  Todo lo malo es culpa del otro, de las instituciones de control, de quienes lo cuestionan.  Petro ha resuelto que la “pureza de sus intenciones” lo exime de la obligación de responder por sus actuaciones, y cuando es llamado a responder, miente, tergiversa, manipula la información.  Los electores de Gustavo Petro pasaron por encima de las serias dudas sobre sus virtudes individuales y su racionalidad y rápidamente quedó demostrado que ni por parte del presidente ni por la de sus leales copartidarios había la más mínima intención por responder por las consecuencias de una inepta e ideologizada gestión de lo público. 

El discurso se ha hecho cada vez más sectario eliminando de un tajo cualquier posibilidad de un diálogo transparente y constructivo, la culpa siempre fue del otro.  Los recursos del Estado se dedicaron a crear desde las redes sociales un relato lleno de falsedades que minaba la autonomía ciudadana fortalecido con el algoritmo de los “likes” y de los “reposteos”.  Petro se ha autodesignado como el vocero del pueblo, no sólo del pueblo colombiano, sino del del mundo mundial universal cerrando así cualquier posibilidad de un diálogo que permita “las condiciones reales de deliberación y transparencia, donde los argumentos prevalecen sobre los intereses” que propone Habermas.  Y de remache ha puesto los recursos del estado al servicio de una maquinaria de “información” dedicada a hacer caja de resonancia del discurso del caudillo y a callar cualquier cuestionamiento lo que hace que la gestión de Petro rebase los límites de la deliberación moral a que se refiere Noah Harari.

En estas condiciones, la ética de lo público ha dejado de ser una preocupación de un gobernante cuya promesa fundamental era la de una gestión que permitiera recuperar el sentido ético de la vida cívica, mediante el debate moral, la participación ciudadana y el compromiso con el bien común.  El gobierno de Petro se hunde en la ineptitud y en la corrupción que inunda los pasillos de la Casa de Nariño, mientras el presidente y sus partidarios han sustituido cualquier preocupación por el bien común y cualquier actitud virtuosa por un único propósito: eternizarse en el poder.

Preocupa que la reacción de sus opositores se asemeje más a la acción del gobernante que a una urgente y necesaria recuperación de los valores de la ética.  Los discursos son populistas, la demagogia se esparce.  Los medios de comunicación caen en la trampa de la manipulación de la noticia.  Las bodegas y los ultras de los sectores más radicales no tienen el menor respeto hacia la transparencia, el ataque, el insulto y hasta la vil calumnia reemplazan la deliberación civilizada. 

 “Ustedes son la sal de la tierra, y si ustedes se corrompen, ¿cómo evitar que se corrompa el pueblo cristiano?” les dijo Jesucristo a sus discípulos.  La actitud mesiánica de los gobernantes y de los líderes políticos es uno de los efectos inmediatos de la ruptura con la ética de lo público.  Dice también la biblia que “Cuando la sal se corrompe, pierde su sabor y ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle”.  A buen entendedor pocas palabras.  La recuperación de Colombia no sólo depende de acciones puntuales, como la disciplina fiscal o el fortalecimiento de la seguridad de Estado, depende en buena parte de la recuperación de la ética de lo público.  La sal está corrupta, desde hace ya un buen rato, eso no es sólo culpa de Petro, aunque si lo ha llevado a niveles insospechados. 

La sensatez indicaría que uno debería escoger entre los candidatos, para congreso y para la presidencia a quienes muestren los valores que permitan tener esperanza de la recuperación de la ética de lo público.

Juan Manuel Urrutia, noviembre 6.

Nota: el 7 de noviembre de 1985 se terminó el holocausto del Palacio de Justiica. El lunes mi pensadera sobre un hecho que viví como secretario del consejo de ministros de Belisario Betancur