Inmoral

En los años 2010 y 2011 Colombia sufrió una de las peores temporadas de lluvias de que se tenga registro.  Cientos, de municipios, quedaron inundados o tuvieron daños importantes en su infraestructura, los damnificados se contaban por miles.  Derrumbes, carreteras y puentes destruidos, jarillones y diques reventados.  Los casos más notorios fueron la rotura de un dique en el canal del Dique(SIC), la del dique Cara e Gato en La Mojana y la destrucción total de Gramalote en Norte de Santander.

El presidente Juan Manuel Santos, creó dos instituciones para responder a la crisis, Colombia Humanitaria, que se ocuparía de la respuesta inmediata y el Fondo de Adaptación que se ocuparía de las respuestas estructurales.  Las dos organizaciones estaban encabezadas por una junta directiva que se conformó con empresarios como Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI, quien había sido el director del FOREC, exitosa organización que dirigió la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto de 1999 y Manuel Santiago Mejía que jugó un papel esencial en el FOREC.  Presidía la junta Jorge Londoño, expresidente de Bancolombia, y claro participaban varios ministros y miembros del alto gobierno.

La dirección de Colombia Humanitaria se le encomendó a Everardo Murillo, la subdirectora fue Lucía González, ambos, figuras claves de la operación del FOREC.  Murillo y Lucía rápidamente articularon un equipo que se dedicó a diseñar e implementar tres líneas de acción para la atención inmediata de la emergencia que fueron;

  1. La atención inmediata de las víctimas en sus necesidades fundamentales de alojamiento y comida. Durante meses se distribuyeron miles de mercados en cientos de municipios, se instalaron albergues temporales y se entregaron subsidios para arrendamiento a los damnificados.
  2. La atención psico social a los damnificados mediante el desarrollo de un programa llamado Común Unidad
  3. La atención a la emergencia de los municipios mediante un programa que se llamó las “obras menores” por el que Colombia Humanitaria financiaba las obras menores de mitigación y algunas de prevención, con reglas muy simples y concretas diseñadas para evitar que los políticos se apropiaran de los recursos.  El monto máximo por municipio era de mil millones de pesos.  El alcalde y únicamente el alcalde del municipio debía presentar el proyecto de mitigación que requería la inversión, proponer posibles contratistas e interventores.  El equipo de infraestructura de Colombia Humanitaria evaluaba la propuesta y si el proyecto cumplía con exigentes requisitos, se otorgaba la financiación, se contrataba el proyecto y el interventor, con todos los requisitos de ley pero mediante contratación directa.  De esta forma se financiaron 4,237 obras de infraestructura en todo el territorio nacional. 

Colombia Humanitaria y sus programas fueron escudriñados con lupa por un equipo de la Contraloría General de la República que dirigía Felipe Córdoba que más tarde sería el Contralor General que montó mancuerna con el mejor fiscal de la historia.  No hubo absolutamente ninguna observación ni mucho menos investigación por esa contratación.  No hubo tampoco acusaciones de aprovechamiento de los contratos por parte de los políticos regionales, pese a que en 2012 hubo elecciones regionales.

El modelo de Colombia Humanitaria lo diseñó el equipo de Colombia Humanitaria con apoyo de varias entidades del gobierno nacional y de la Junta Directiva. 

Las cosas se pueden hacer bien.

O mal.

El Fondo de Adaptación fue diseñado por un grupo de consultores de una de las firmas internacionales de mayor prestigio.  Su primera directora fue Cecilia Álvarez Correa de ingrata recordación como ministra de transporte.  Y el Fondo ha sido un terrible fracaso, una vena rota del fisco.  De los tres megaproyectos, solo ejecutó uno, la reconstrucción de Gramalote que se tardó enormidades y que no dejó a nadie contento, el proyecto de canal el Dique sigue aún en discusión y en cuanto a Cara de Gato, no es sino ver el escándalo de UNGRD y la actual situación de La Mojana.

Durante el gobierno de Santos y conscientes de la imperiosa necesidad de adaptar el modelo de “atención de desastres” a un modelo de prevención y atención de desastres y de adaptación al cambio climático y sus efectos, se diseñó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres calcado si se quiere de los éxitos de Colombia Humanitaria.  Tiene la UNGRD un esquema de contratación que permite fundamentalmente contratar en condiciones de emergencia y de desastre, es decir sin cumplir los requisitos del régimen normal de contratación estatal.  Y eso tiene sentido.  Pero, la clase política va más rápido y no tardaron en percatarse que la UNGRD podría convertirse en el mayor tarro de mermelada de un sistema político en donde los votos y apoyos se compran con mermelada.  Y así ha sido antes y ahora.  Y eso es inmoral.  En esta columna hemos criticado la mermelada de Santos, la mermelada de Duque, los escándalos que afectaron a ambos gobiernos y la impunidad con que se asaltan las arcas de la nación.  Desde febrero de este año los colombianos vemos, estupefactos, las noticias sobre lo que el gobierno del cambio ha hecho con la UNGRD.

Durante el levantamiento social de 2021, quienes organizaron las protestas, y los actos terroristas de la primera línea, Petro y sus muchachos de Colombia Humana y del Pacto Histórico, flamearon la bandera de la lucha contra las prácticas clientelistas y corruptas.  Estoy seguro de que una importante proporción de los votantes que los apoyaron lo hicieron por esa promesa y seguramente muchos y muchas están arrepentidos y arrepentidas.

Ganaron y se les olvidó.  Yo no puedo emitir juicio sobre temas que son de la fiscalía, la corte suprema de justicia, los jueces y de pronto la comisión de acusaciones de la cámara de representantes.  Pero si puedo decir que un gobernante que se ofrece como el adalid de la moralidad traiciona todos sus principios y los de sus electores cuando permite la inmoralidad que se ha desarrollado como gangrena en el gobierno y quienes lo rodean.

Son las autoridades correspondientes las que deben determinar cuáles son los delitos y quiénes los delincuentes.  Los colombianos si tenemos derecho a pensar que el discurso excluyente de quien se dice incluyente es inmoral, y que también lo es el discurso que miente y tergiversa.  Son inmorales los excesos de la familia presidencial.  Es inmoral la falta de transparencia de las actuaciones de los miembros del círculo del poder.  Es inmoral que se pierdan computadoras y memorias sin explicación.

Así el presidente crea que todo se resuelve pidiendo disculpas ante el congreso el 20 de julio, en una sola palabra estamos ante un gobierno inmoral.

Para terminar, iba a hacer un comentario sobre la convención republicana en Estados Unidos y la sensación de un triunfo casi inevitable de Trump.  La renuncia, anunciada hace un par de horas, de Joe Biden a su candidatura ha barajado las cartas de nuevo.  Toca esperar porque hay esperanza.

Por: Juan Manuel Urrutia
X: @juanmaurrutiav


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