Enmarcado en su paranoide estilo de liderazgo, antes de su enésimo viaje al exterior, esta vez a un “cumbre del G77 + China” en Cuba, Gustavo Petro emprende las camorras de la semana.
CONTRA LOS GANADEROS
En un episodio que me hizo recordar la matanza de Alto Remanso, Putumayo, perpetrada por miembros de las fuerzas especiales del ejército de Colombia y defendida por el hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, nuevamente soldados de las fuerzas especiales del batallón Junín que opera en la zona del Nudo de Paramillo, llegaron al centro poblado de la vereda de Bocas del Manso en Tierra Alta Córdoba, haciéndose pasar por miembros de la “disidencia” y cometieron toda clase de actos violentos en contra de la población. Esta vez, sin embargo, la comunidad no se dejó amedrentar, enfrentaron a los “delincuentes” y grabaron en 5 teléfonos celulares los acontecimientos. En la vereda habitan 120 familias que se dedican a “cuidar” 120 hectáreas de coca entre otras actividades. La comunidad está acostumbrada a “lidiar” con organizaciones ilegales, saben que lo que hacen es ilegal, pero uno de sus voceros dice que “hasta ahora hemos sentido miedo, con la llegada del ejército, porque de resto, nosotros vivimos sabroso”. Otro miembro de la comunidad le dijo a Cambio: “Aquí no se vive en paz con los grupos ilegales, porque lo ilegal es ilegal, pero sí se vive mejor que con el Ejército, porque nosotros aquí el que venga se respeta y más si vienen armados, cumpliendo y acatando lo que ellos digan. Pero el Estado ya viene atropellando muy feo, jodiendo los cultivos, quemándolos, botándole las cosas a uno, robándonos o intimidándonos, entonces muy verraco así”.
Poco a poco se fue descubriendo que los perpetradores de la agresión a la comunidad eran efectivamente soldados del batallón Junín. Y desde la comandancia de la brigada que opera en Córdoba se vieron obligados a emitir un comunicado reconociendo los hechos. Fiscalía y procuraduría anunciaron que llevaran a cabo las investigaciones para establecer con claridad hechos y responsabilidades. El comandante del ejército anunció que diez miembros del batallón Junín han sido separados de sus cargos. La justicia penal militar y la fiscalía en representación de la justicia ordinaria se pelean pro determinar a quien le corresponde llevar el proceso.
En otro muy confuso episodio, el viernes fue atacado a tiros el helicóptero en el que se desplazaban las comisiones investigadoras de la Fiscalía y la Procuraduría. ¿Quién disparó, por qué la aeronave no contaba con protección por parte del ejército o de las fuerzas armadas?
El episodio es sintomático de lo que sucede en la Colombia profunda, donde la presencia del Estado se limita a intervenciones, no siempre enmarcadas en el respeto a los derechos humanos, de las fuerzas militares. De este episodio todavía no hay una clara explicación. Hay preguntas que el ejército y su comandante en jefe, el presidente de la república, le deben responder a los colombianos y sobre todo a esas 120 familias asediadas y maltratadas por soldados. ¿Quién ordenó la operación y cuál era el propósito de amedrentar a l comunidad, a quién el estaban haciendo el mandado?
Poco o nada ayuda la “explicación” del jefe de Estado cuando dice que quienes ordenaron la operación quieren que los ganaderos vuelvan a ser paramilitares. Nada que ver, pero claro el presidente tiene que cazar la pelea con alguien.
CONTRA LOS BOGOTANOS
Denuncia la alcandesa Claudia López que el gobierno de Gustavo Petro le retiró los subsidios a 161,000 hogares que venían recibiendo transferencias monetarias en el pasado. El gobierno del distrito capital insistió infructuosamente durante tres meses con el DPS, ahora dirigido por la segunda dama de la nación, Laura Sarabia. Se sabe que el gobierno de Petro decidió reestructurar los programas de subsidios monetarios y concentrar la mayoría de su esfuerzo en el programa Renta Ciudadana que reemplaza los diferentes subsidios que existieron hasta la expedición del Plan de Desarrollo. Renta ciudadana se propone ofrecer subsidios a más de 3 millones de personas.
Hasta ahí todo bien, sin embargo, la queja que ha presentado la alcaldesa del distrito capital, lo pone a uno a pensar, y de pensamiento en pensamiento surgen una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo por el cuál, 161,000 hogares (entre 480,000 y 805,000 personas) que eran receptores de los subsidios del DPS hasta abril de 2023 han quedado por fuera del nuevo programa? Y claro, ante el notorio deseo del presidente de aprovechar su investidura para imponer su criterio en lo que a la administración de Bogotá se refiere, se le ocurre a uno pensar que la eliminación de esos subsidios es una más de las agresivas acciones que ha emprendido la presidencia en contra de la alcaldía de Claudia López. En su extrema soberbia, el mandatario, no contento con intentar de bloquear la construcción del metro, congeló el proyecto del regiotram, y ahora pretende bloquear la ampliación de la autopista norte y de la avenida Boyacá, vías urgentes para mejorar la movilidad de la ciudad y que cuando fue alcalde había incluido en el POT que expidió por decreto con la firma de la hoy en día ministra de ambiente, Susanna Mohammad, que encabeza la inexplicable y vengativa arremetida del petrismo mesiánico contra la administración de López, arremetida que es en realidad contra los bogotanos y las bogotanas. Ese es el estilo del gobierno de Petro, el “todo vale mientras sea contra alguien”.
CONTRA THOMAS GREG AND SONS
Se dice que la decisión del canciller de “intervenir” la licitación para la adjudicación del contrato para la elaboración de pasaportes es una animadversión personal del presidente con los “dueños” de la empresa TGS, la familia Baustita. En tres resoluciones el ministro Leyva le cambió el rumbo la proceso. En una primera e insólita resolución el canciller “reasume la función del proceso contractual”, reemplazando a su secretario general quien obviamente tenía que consultar con su superior, el canciller, las decisiones sobre el “reasumido” proceso. En una, no menos insólita segunda resolución el propio canciller suspende la audiencia de adjudicación de la licitación y resuelve declararla desierta por no haber sino un solo proponente. Insólito y contrario a lo que indica la Ley 80 que es la que rige la contratación del Estado. El que haya un solo proponente no puede ser razón para declarar desierta una licitación, sobre todo cuando el proponente cumplía con todos los requisitos.
En la columna “Los Responsables”, publicada el 5 de junio de 2023, bajo el subtitulo Contratando ando, La Cucharada se refería a esta contratación y ofrecía un vínculo a un artículo de La Silla Vacía titulado “así favorece cancillería a Thomas Greg and Sons en licitación de pasaportes”.
No se entiende cómo el canciller tan sólo el 13 o 14 de septiembre se percató de las “irregularidades” pese a que desde junio los proponentes que no calificaron denunciaron que la licitación estaba confeccionada para que la ganara la empresa TGS.
El efecto de esta muy extraña actuación del ministro Leyva es que posiblemente se presente una escasez de libretas de pasaporte y un trámite que hasta se tardaba 24 horas podría tomar varios meses.
Thomas Gregg and Sons anuncia que demandará al Estado.
COMENTARIO FINAL
He estado indagando un poco sobre la entrevista que le dio el exviceministro de defensa general Díaz a Vicky Dávila en Semana. Y se confirman mis dudas, la entrevista como todo lo que publica ese remedo de periodista que dirige la que fuera una gran revista ahora convertida en un pasquín, está llena de vaguedades, de imprecisiones y de flagrantes mentiras y muestra el sesgo que le imprimen a sus reportajes los odios e inquinas personales de la señora Dávila. Definitivamente no vale la pena gastarle tiempo a esa publicación, siempre sale uno desilusionado y sobre todo desinformado.
Por: Juan Manuel Urrutia
X: @juanmaurrutiav1
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