La Cucharada

Muy recién comenzada su gestión como alcalde de Bogotá, Gustavo Petro tuvo que enfrentar su primera crisis de gabinete con la salida de dos de sus más importantes y cercanos colaboradores, Daniel García Peña y Antonio Navarro Wolf, en ambos casos como resultado de profundos enfrentamientos.  Más tarde Bogotá viviría el desastroso manejo de las basuras, cuando el alcalde Petro mostró que prefería arrasar con un sistema que mal que bien funcionaba, con tal de imponer su visión ideológica estatista, desprivatizar los servicios públicos.  En ese momento se me ocurría pensar que a Petro la ciudad le había quedado grande.

Hoy tengo la misma impresión, a Petro el país le está quedando grande. A continuación, relaciono, con algún comentario, tres noticias que se hicieron virales ayer y que hicieron que un comentarista dijera que, sumadas al escándalo familiar que “destapó” el mismo presidente; el jueves había sido un día negro para el presidente Petro.  Las tres tienen que ver con lo que he llamado el talante del Gobierno.

Uno

En la vereda de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, “la guardia campesina”, dicen que con apoyo de la guardia indígena de la zona (aunque los cabildos de San Vicente lo niegan), cansada de esperar la solución de sus demandas contra la petrolera china Emerald Energy, se tomaron las instalaciones de la empresa.  Ante la llegada del ESMAD, que ahora se llama UDMOP (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía) para intentar desalojar las instalaciones los miembros de las guardias indígena y campesina, asesinaron a sangre fría a un policía y mantuvieron hasta bien entrada la tarde del viernes a setenta y siete agentes y seis empleados de la minera secuestrados, en los enfrentamientos también perdió la vida un campesino.

Dos

El Consejo de Estado decretó una medida cautelar de urgencia para que se suspendan provisionalmente los efectos jurídicos del decreto 227 del 16 de febrero de 2023 que es el decreto por el que el presidente pretende asumir las funciones regulatorias de la CREG para intervenir el sector eléctrico, lo que muchos consideran inapropiado e inoportuno.

Tres

La Corte Constitucional con una votación unánime decidió en una sentencia favorable al Gobierno, no suspender, como lo había pedido el demandante, el artículo de la ley de paz total que le permite a Petro negociar con grupos criminales.  Pero, con votación también unánime en la misma sesión, la Corte decidió cambiar la jurisprudencia y determinó que en el futuro SI PUEDE suspender leyes desde el principio de estudio de una demanda en caso de que el demandante sostenga que una ley es manifiestamente contraria a la constitución.  La Corte como el Consejo de Estado podrá tomar medidas cautelares como la que tomó el Consejo de Estado en el caso de la CREG, y suspender una ley mientras estudia a fondo los argumentos del demandante.

¿Por qué sostengo que estas tres noticias tienen que ver con el talante del gobierno Petro?

Pues porque, en las tres instancias, se siente que cada vez con más fuerza pesa una ideología progre que lo único que hace es daño al Gobierno. 

Uno

En los Pozos el problema no fue de generación espontánea, llevaba semanas cocinándose y en el gobierno central nadie hizo nada.  Veamos:

La primera pregunta que se debe hacer es ¿tiene sentido reconocer la existencia de una guardia campesina y equipararla con la guardia indígena?

Tajante no.  La guardia indígena nace de un precepto de la Constitución que les otorga territorio a las comunidades indígenas y les otorga el derecho a tener su propia justicia.  La guardia indígena está para ejercer el control del territorio indígena y asegurar el respeto de la justicia en ese territorio.

En cambio, la “guardia campesina” es un movimiento paramilitar por el cual los líderes de ciertas comunidades organizan ejércitos para enfrentar al estado, a los terratenientes o aún en algunos casos a la misma guardia indígena, ver el caso de las luchas por las tierras cañadulceras del norte del Cauca.

El gobierno ha sido blando con los excesos de la guardia indígena y ha tolerado la existencia de la guardia campesina.  En la posesión presidencial cuando en un acto de innecesaria, pero de pintoresca demagogia el presidente se hizo “cuidar” por la guardia indígena en la tradicional caminata de San Carlos a la Plaza de Bolívar, nada tenía que hacer la guardia indígena fuera de sus territorios.  Y nada tiene que hacer en las diferentes protestas, siempre fuera de sus territorios en donde han cometido desmanes con pleno goce de la impunidad. 

La permisividad del Gobierno de Petro con los desmanes y excesos de las “guardias indígenas” y de las ilegales “guardias campesinas” que el ministro del Interior y vocero del Gobierno Alfonso Prada calificaba como de una “belleza sin igual” hace un par de semanas en un foro en una universidad, les ha dado un carácter beligerante que va contra el precepto constitucional que le confiere al Estado el monopolio del uso de la fuerza y de las armas.  Las actuaciones de la guardia fuera del territorio indígena y todas las actuaciones de las otras guardias, la campesina, la cimarrona y la primera línea que es la “guaria urbana” y las autodefensas son todas ilegales.  El gobierno tiene la obligación de enfrentarlas y desarticularlas para preservar el orden y la integridad del Estado y de la Constitución.

Y cuando se suman permisividad con ineptitud llegan las asonadas, los muertos, en fin, el terrorismo. En San Vicente al gobierno le quedó grande una protesta que podía haber atendido y que debía atender como consta esta carta:

“Respetuosamente se pone de presente este asunto, a efectos de que se coordine adecuadamente desde la rama ejecutiva la conformación de una Comisión del más alto nivel, con el suficiente conocimiento del contexto regional, idoneidad, capacidad de dialogo y disponibilidad de tiempo, que promuevan la confianza y propendan por el dialogo social a esta problemática social”

La escribieron los agentes de la Procuraduría y de la Defensoría desde el 20 de febrero. (El Espectador, Gobierno sabía que protestas campesinas en Los Pozos (Caquetá) podrían “escalar, marzo 2, 2023).

El problema, como habían pronosticado los actores del Estado que están en el territorio, se creció y se le salió de las manos al gobierno.  Dos muertos, uno de ellos un agente del UDMOP (qué nombre feo) degollado y dejado desangrar por los asesinos terroristas (manifestantes les dicen).  Setenta y siete agentes de la policía y seis empleados de la multinacional propietaria de la planta secuestrados.  Para lograr la liberación de los secuestrados el gobierno le reconoce beligerancia a los secuestradores y asesinos y acuerda dialogar.  Los asesinos y secuestradores se van mondos y lirondos para sus casitas tras haber destruido las instalaciones de la petrolera. 

El presidente manifestó que irá a dialogar con la comunidad para atender sus necesidades e insistió que su gobierno es el gobierno del dialogo.  Uno siente que a medida que pasa el tiempo las “comunidades organizadas”, vaya uno a saber por quién, han entendido el concepto de diálogo de una forma algo diferente.  Parecería que esas comunidades entienden que para que el gobierno de Petro supere el discurso progre y atienda sus necesidades ayuda un bloqueo de carretera o una toma de instalaciones, que los heridos, los muertos y los daños materiales son parte de ese nuevo modelo de diálogo.  ¿Pero qué esperaban?  Amarrado a los principios de la ideología progre, el gobierno de Petro le reconoce derecho de beligerancia y de acudir a la violencia y al uso de las armas a quien quiera protestar contra 500 años de injusticia y opresión, o sea a quien quiera.  El escuadrón antidisturbios se volvió la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía.  El escuadrón antidisturbios no puede ser la cabeza de playa en un proceso de diálogo con la comunidad.  Lo único que protege la vida y los bienes de los ciudadanos es la capacidad disuasiva de las fuerzas de orden que un gobierno que prefiere otras vías para enfrentar a la delincuencia ha ido diluyendo.

Digan lo que digan a este requesonero le sabe a cacho pensar que los líderes campesinos o indígenas o lo que sean se sienten a negociar con el gobierno después de haber secuestrado, destruido y asesinado.  Así no creo que vayamos a vivir sabroso ni a ser potencia mundial de nada.

Dos

Para regular los precios de la energía no era necesario intervenir la CREG, a Petro le dijeron que era ilegal e inconveniente, pero lo progre hace que Petro sienta que su pueblo, como llama él a su electorado, lo eligió para que le de palo al sector privado desde donde pueda y ese era el propósito de intervenir, porque era imperioso mostrar que un gobierno progresista es capaz de poner a “los privados” en cintura.  Es el cuento de las basuras de Bogotá versión 2.0.  Y lo malo es que ante la confirmación de que a partir del segundo semestre Colombia enfrentará las sequías causadas por el fenómeno del Niño, el único lujo que no nos podemos dar es de enfrentarlo con una infraestructura de generación debilitada e intervenida.

Tres

Dicen los analistas, que la sentencia que le permite en adelante a la Corte dictar medidas cautelares y suspender una ley mientras se estudia la demanda interpuesta es una espada de Damocles que se agrega a las que ya pesan sobre la reforma de la salud, ya que hay quien sostiene que la reforma se debía tramitar como ley estatutaria y por tanto su debate no podía empezar en comisiones séptimas ni en sesiones extraordinarias, bastaría que apoyado en esta decisión, un demandante solicite la medida cautelar aduciendo que la reforma a la salud es inconstitucional por vicio grave de trámite.

Totalmente evitable.  Con algo menos de soberbia, la manida reforma de la salud se hubiera podido blindar evitando el riesgo de demanda de inconstitucionalidad al tramitarla como ley estatutaria, era cuestión de estrategia, pero no, aprovechando sus mayorías parlamentarias se pasó por la faja la recomendación y con su ministra decidieron seguir adelante con la aplanadora de la ideología, la que le pasaron por encima a Alejandro Gaviria y que se quedó sin combustible en cuanto el presidente tuvo que enfrentar a los presidentes de los partidos de la coalición que le pusieron el tatequieto a las pretensiones ideológicas de la señora Corcho, pero el daño está hecho.  La reforma esta en trámite como ley ordinaria.

En la mala

En medio de semejante berenjenal, el jueves 2, a medio día, el presidente se vio obligado a expedir un peculiar comunicado en el que pide a la fiscalía que se investigue a su hermano y a su hijo a quienes se acusa de haber recibido dineros de orígenes dudosos.  El comunicado tiene carácter de medida preventiva, el presidente se deslinda de su hermano y de su hijo.

Para rematar el Consejo Nacional Electoral contrató una auditoría a las cuentas de la campaña Petro Presidente.  La firma responsable encontró pagos a empresas fantasma, donaciones no registradas y una aparente maniobra de cambio de facturas para evitar sobrepasar los topes. Los responsables legales serían el hoy presidente y el gerente de la campaña, quien se perfila como el principal candidato a la presidencia de Ecopetrol.

Los detalles de esos casos todavía están en el chismódromo y en el molino de los rumores.  Esperaremos a saber que resulta de la investigación solicitada por el presidente.  Por ahora se divierte uno viendo las reacciones de tirios y troyanos.

Todos estos cuentos le deben hace pasar malos ratos a un presidente al que su estilo y talante no le ayudan a como dice él, a vivir sabroso.

Pasando por El Salvador

Y Petro ocupado peleando por tuiter con Nayib Bukele.  ¿Y eso pa’ qué?  Resuelva los problemas internos presidente, deje de ser metiche.  Si, a muchos nos parecen tenaces las fotos de los mareros presos, pero yo por lo menos no tengo ni idea de como ha sido la guerra de la sociedad salvadoreña con las “maras”, lo que si se es que Bukele es el gobernante con la imagen positiva más alta de toda América Latina y de pronto con el presidente de Ucrania, del mundo entero, 92% de aprobación.

Por: Juan Manuel Urrutia
Twitter: @Juanmaurrutiav1