Cuando, en esta columna, me refiero a los niños estoy hablando como lo ordena la gramática y el estilo, de niños y niñas, igual cuando me refiero a los menores. Las niñas también han sido víctimas de reclutamiento forzoso y de todas las formas de explotación y de todos los vejámenes a que son sometidas igual o peor que los niños. No estoy pues excluyendo a las niñas.
No han nombrado director o directora del ICBF, pero ya se metieron con los niños y a buena hora.
El ministro de Defensa dijo el jueves 25 de agosto que se suspenden los bombardeos contra los grupos armados ilegales y los operativos militares en contra los campamentos de organizaciones criminales en donde haya información de que hay menores de edad combatientes.
Eso ¿suena bien?
Caray carachas como dice la señora cachaca en un programa de radio de la tarde.
Empecemos por el principio, el Estado colombiano viene luchando contra el reclutamiento de menores de edad desde hace años en algunos casos con éxito y en otros con menos. Entre 1998 y 2002 la estrategia que buscaba enfrentar el reclutamiento de niños por los grupos armados irregulares se centró principalmente en la labor del ICBF, con el apoyo de UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones OIM y USAID, ya firmado el Plan Colombia, desarrolló el programa de desvinculación de menores de edad. El ICBF articulaba las acciones de las Fuerzas Armadas, contando con el apoyo decidido del ministerio de defensa, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y Fiscalía y de la iglesia católica. Era un esfuerzo, como ya se dijo, articulado. Como resultado de la cooperación, con algo de éxito, se logró la desmovilización y reinserción de un número importante de niños, fundamentalmente de las FARC y de las autodefensas, no tanto con el ELN. En ese tiempo no existían las tristemente famosas bandas criminales o por lo menos no eran tan fuertes. Uno de los resultados más importantes de ese esfuerzo además de lograr desmovilizaciones fue la de visibilizar el problema, el país conoció las cifras de los desmovilizados y las estimaciones del número de niños que los grupos armados tenían en sus filas. También conoció el país los primeros testimonios de los niños desmovilizados sobre los métodos de reclutamiento, entendiendo que, en todos los casos, aún cuando los autores reclamaban que eran voluntarios, el reclutamiento de menores de edad es forzado. Colombia participó en varias conferencias internacionales convocadas por UNICEF siguiendo la tarea emprendida por Graça Machel esposa de Nelson Mandela, suscribiendo compromisos para tratar el reclutamiento de menores de edad como un crimen de lesa humanidad.
A partir de 2002, en el marco de la estrategia de la seguridad democrática que el uribismo convirtió en “doctrina”, el Estado colombiano y el ICBF en cabeza de Beatriz Londoño y siguiendo indicaciones de Álvaro Uribe, le restó prioridad al programa de desmovilización de menores. Las FFAA establecieron la doctrina según la cual los niños combatientes son considerados objetivos militares, es decir la doctrina de las “máquinas de guerra”. Y empezó el asesinato de los menores combatientes.
Ahí no debería haber discusión. Cualquier opinión que pretenda poner los derechos de los adultos por encima de los derechos de los niños, arguyendo que el soldado o el comandante tiene derecho a matar a un niño o a una niña porque podría ser una amenaza, parte de un desconocimiento de la Constitución y de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas suscrita por el gobierno de Colombia en Ginebra en 1989 y refrendada por el congreso. En efecto recogiendo la Convención, el artículo 44 de la Constitución de 1991 establece que los derechos de los niños PREVALECEN sobre los derechos de los demás.
Considerar a los niños combatientes como legítimos objetivos militares, que es el que utilizan quienes defienden los operativos militares en los que a sabiendas de los comandantes los menores son “neutralizados” es decir asesinados, es una abierta violación del derecho internacional humanitario y de la Constitución. Así fue en varios “bombardeos” durante el cuatrenio que afortunadamente terminó el 7 de agosto, cuando el ministro de Guerra, murieron 29 niños a los que el cínico Molano llamaba “máquinas de guerra”.
Al anunciar la suspensión de operativos que pongan en peligro la vida de niños y reconocer que el derecho a la vida del niño prevalece sobre el del soldado al que mandan a matarlo, el gobierno de Gustavo Petro lo único que hace es aplicar la Constitución. Ahí no hay ideología, hay un juramento que millones de colombianos vimos a Gustavo Petro hacer cuando se posesionó el 7 de agosto, “cumplir y hacer cumplir la Constitución”. PUNTO
Salen los guerreros, los que siguen creyendo que la única estrategia posible es matar, matar y de cuando en cuando detener y extraditar, a decir que las medidas anunciadas por el Gobierno crean la autopista para la impunidad. Argumento falaz y pendenciero, impunidad es lo que hay hoy. Si el niño es reclutado, entrenado y obligado a combatir, las fuerzas del orden en legítima defensa de los privilegios de quienes gobiernan tienen la obligación de la venganza y el derecho de asesinarlo. La realidad es que el asesinato de 29 niños durante el gobierno de Duque y de sus tres ministros de defensa, en nada contribuyó a que haya disminuido el reclutamiento forzoso. La verdad es que la neutralización de los cabecillas de los grupos delincuenciales, en muchos casos en bombardeos con una alta dosis de muertos civiles no combatientes y de niños reclutados a la fuerza, poco ha servido para disminuir el poderío y el accionar de las bandas criminales, o de la ¿guerrilla? del ELN. Ni que decir de su captura y extradición exprés que tampoco ha servido de nada.
Hay entonces que buscar otro camino y eso es lo que se propone el gobierno de Gustavo Petro. Y para quienes hemos sido arduos defensores de los derechos de los niños, el anuncio de ministro de Defensa es una medida necesaria pero no suficiente. Es indispensable acompañarla con medidas que prevengan el reclutamiento, pero sobre todo con medias que favorezcan la desmovilización inmediata y el compromiso de no repetición por parte de todos los grupos que se adhieran, por la vía que se determine a la propuesta de la Paz Total.
El gran error cometido por lo gobiernos de Uribe y de Santos en los procesos de negociación de San José de El Ralito y de La Habana fue el de excluir a los niños de las conversaciones. El prófugo comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien condujo esas negociaciones en El Ralito excluyó intencionalmente el tema de los niños porque entorpecía la negociación según relato de quien fuera el responsable del programa de desvinculación de menores del conflicto en el ICBF, Julián Aguirre (QEPD), que me contó que él personalmente le había pedido a Restrepo que incluyera el tema de los niños en la negociación. En el caso de La Habana, el tema fue excluido en las conversaciones iniciales y tan sólo la presión de grupos defensores de los derechos de los niños permitió que de cierta forma fuese tenido en cuenta, pero no como tocaba. Las FARC aprovecharon para esconder a muchos menores de edad que estaban en sus filas.
Afortunadamente la JEP ha tomado cartas en el asunto:
Es claro que mientras conversaban en La Habana, las FARC seguían cometiendo el crimen de lesa humanidad como queda plasmado en el documento que establece que la práctica seguía vigente en 2016 y que, en 2013, cuando ya se había firmado el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, se registra uno de los picos en el número de víctimas de tal práctica. Si para firmar el tal Acuerdo General se le hubiera exigido a las FARC cesar la práctica del reclutamiento y poner en libertad a todos lo menores de edad, de pronto otro gallo cantaría.
Es que para sentarse a conversar los grupos alzados en armas deben dejar en libertad a los niños que están en sus filas y comprometerse a no volver a cometer ese delito de lesa humanidad. No debe haber diálogo con quienes están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Quien mantenga o siga reclutando menores de edad no podrá beneficiarse de ninguno de los beneficios que se ofrezcan para su desmovilización o para su acogimiento, o como lo quieran llamar.
El Gobierno de Petro ha anunciado que respetará la Constitución, nada diferente. Sus críticos, ignorantes de los derechos de los niños, arguyen que esa medida es una patente de corzo para que aumente el reclutamiento. Lo que se requiere es zanahoria, la posibilidad de acogerse a un proceso de Paz Total, por el camino que se acuerde y garrote, la imposibilidad de acogerse a dicho proceso si se mantienen o se reclutan menores de edad.
Y claro ayudaría que no se abudineen, con la complicidad del presidente de la República, los recursos asignados para asegurar la presencia del Estado en esas regiones en donde por su ausencia los criminales hacen su agosto. Un niño, una niña, que tiene acceso a Internet para poder estudiar, que recibe su apoyo alimentario por parte del PAE y que va a una escuela digna es mucho más difícil de convencer de que se vaya pal monte. Una comunidad que recibe la acción del Estado para satisfacer sus necesidades básicas defenderá a sus niños.
Prevenir y castigar el reclutamiento siempre será mejor que declarar a los niños víctimas de ese delito de lesa humanidad como objetivos militares legítimos, máquinas de guerra, y mandarlos asesinar. Tras años de fracasos en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico vale la pena ensayar otra cosa.
En la Paz Total deben prevalecer los derechos de los niños, porque la Paz Total se debe hacer en el marco de la Constitución.
Por: Juan Manuel Urrutia
Twitter: @Juanmaurrutiav1
La Cucharada 