La Cucharada

Cuando el río suena (es que se ahogó una orquesta), no chavo, piedras lleva.

Hace dos semanas, con la noticia todavía en caliente La Cucharada se preguntaba si la “operación militar legítima” desarrollada en Puerto Leguizamo que describen el presidente de la República, el ministro de las máquinas de guerra y los mandos militares, si lo había sido.

La comunidad lo niega.  Tres medios de comunicación serios, Cambio, El Espectador y Vorágine se unieron para preparar un informe que deja muy mal parada la versión del alto gobierno.

https://cambiocolombia.com/articulo/justicia/putumayo-anatomia-de-una-matanza

El trabajo de los medios en mención hace pensar que lo que sucedió en la vereda Alto Remanso es una matanza y que estamos ante un caso de por lo menos siete falsos positivos.

El comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, general Juan Carlos Correa Consuegra, habló en Mañanas BLU de la operación que dejó 11 muertos propone una versión totalmente diferente de los hechos y sostiene, como desde el principio que todos los muertos eran miembros del GAO residual, Comando de la Frontera.

Human Rights Watch (HRW) ha sido más cauteloso y plantea una serie de interrogantes.  Según el líder del equipo investigador de HRW, todo parecería indicar que, de los once muertos, siete podrían ser miembros del GAO Comando de la Frontera y cuatro civiles dados de baja en combate.  Informa HRW que le han enviado un cuestionario al Ministerio de Defensa en el que platean interrogantes sobre aspectos como la validez de aplicar el DIH a una operación que no se da en el marco de un conflicto sino en el marco de la interdicción de los cultivos de uso ilícito.

Tres versiones, la comunidad dice que fue una masacre, las fuerzas armadas reiteran lo que han dicho desde el comienzo, fue una operación legítima en la que fueron “neutralizados” (detesto el eufemismo, digan dados de baja) once integrantes del GAO Comando de la Frontera y que la operación se desarrolló siguiendo los protocolos del derecho internacional humanitario.  Para HRW ni tanto que queme el santo ni tan poco que no lo alumbre.

Sea cual fuere la versión de los hechos, todo parece indicar que para el gobierno de Duque y su ministro de guerra es un delito convivir, porque no hay de otra, con los grupos ilegales que ocupan el territorio abandonado por el Estado. 

Las víctimas, 4 según HRW y 7 según la comunidad participaron en un “festival”, lo que nosotros llamamos bazar, para recolectar fondos para hacer una de esas obras que el Estado no ha hecho en la zona, un camino de cemento, o placa huella que llaman.  Claro, los “ilegales”, armados, se mimetizaron entre más de un centenar de miembros de la comunidad.  Claro que había coca, porque es una zona cocalera y es posible que haya habido operaciones de venta de pasta de coca. Si hubiera sido una zona panelera hubiera habido guarapo y se hubiera vendido panela.  Claro que había billete, porque es una zona cocalera, porque había güisqui fino y chongo (burdel le decimos nosotros).  Pombo diría que hubo francachela y comilona, hoy en día se diría que era un sangapuco, sancocho de gallina con putas y cocaína.  Eso suena feo, pero ¿será suficiente causal para que, en una operación planeada durante meses, usando “inteligencia” militar, lleguen unos militares disfrazados de guerrilleros a disparar a todo lo que se mueva en la zona donde se celebraba el sangapuco y acaben “neutralizando” a 11 personas, de las cuales entre 4 y 7, según las versiones, eran campesinos inocentes?

Es la aplicación de la doctrina de las “máquinas de guerra” que consiste en considerar que todo el que, generalmente a la fuerza o a las malas, acepte convivir con los “irregulares” se convierte en legítimo objetivo militar.  Es la doctrina de las maquinas de guerra que enmarca operaciones de interdicción como si se tratara de un inexistente conflicto armado para así aplicar el derecho de guerra y no los derechos humanos.

Lo que ocurrió en la vereda de Alto Remanso, municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, fue que las fuerzas militares de Colombia, con el respaldo de su jefe supremo, el presentador presidente, de su ministro de guerra y de los generales encargados, asesinaron a por lo menos 4 colombianos sin miramientos e hicieron hasta lo imposible por construir una narrativa que apesta a falso positivo.  Aún si se confirma que los otros siete “neutralizados” si eran terroristas, narcotraficantes, ratas de alcantarilla o como los quieran llamar, el gobierno de Iván Duque deberá responder ante la justicia por la muerte de otros cuatro inocentes campesinos asesinados por el horrible delito de aceptar las condiciones de vida que les impone un estado ineficiente y corrupto.

Si la democracia funcionara, el escenario ideal para aclarar la situación y determinar las responsabilidades políticas sería un debate de control político en el Senado de la República y si la separación de poderes funcionara y el fiscal no fuera de bolsillo; el escenario ideal para definir las consecuencias jurídicas de la acción de las fuerzas armadas sería la justicia ordinaria luego de una investigación seria de la fiscalía general de la Nación.  Pero en la Colombia de hoy, ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario.  Resulta y pasa que los colombianos vamos perdiendo la confianza en las instituciones.  Resulta y pasa que uno queda sometido a las opiniones, en estos momentos sesgadas por la campaña presidencial, de los comentaristas que especulan sobre lo que realmente sucedió.  Triste panorama.

Por: Juan Manuel Urrutia
Twitter: @JuanMaUrrutiaV1